Reynosa se convirtió otra vez en la zona cero de un mensaje de alto calibre: mataron a un delegado federal con una granada. A plena luz del día, y justo después de haber encabezado uno de los decomisos de huachicol más grandes en todo el país. Estamos hablando de Ernesto Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, quien fue ejecutado en el Fraccionamiento Las Quintas el Domingo 4 de agosto.
No lo acribillaron por accidente. No fue un caso aislado.
Fue un mensaje directo a la Federación. A nosotros. A todos los que no hemos entendido que el negocio del robo de hidrocarburos sigue siendo uno de los ejes económicos del crimen organizado. Y que está más vivo que nunca.
Este funcionario había participado apenas unas semanas antes en un operativo que reventó una red de robo y tráfico de combustible en Reynosa. Se incautaron más de 1.8 millones de litros de crudo robado. No eran bidones escondidos en un taller mecánico.
Estamos hablando de una operación a gran escala que incluía tractocamiones, tanques de almacenamiento, estaciones pirata y hasta conexiones clandestinas directas a ductos de Pemex. Todo esto fue confirmado por la propia FGR el 9 de julio. El golpe fue tan grande que hubo comunicados del Ejército, de Seguridad Pública y hasta reacciones de la embajada norteamericana, que desde hace tiempo monitorea este tipo de operativos porque parte del combustible robado termina al otro lado de la frontera.
Ahora, lo interesante no es solo el operativo, sino la coincidencia del asesinato con el anuncio del nuevo plan de rescate de Pemex que presentó el gobierno federal el mismo 5 de agosto. Un plan que busca reducir la dependencia energética del país, dejar de importar gasolina de Estados Unidos, e invertir 250 mil millones de pesos para sanear las finanzas de la paraestatal. ¿Y qué implica eso? Que las redes criminales que se benefician del robo de petróleo —muchas de ellas con estructuras binacionales— están perdiendo terreno. Y cuando pierden terreno, responden. No con comunicados. Con fuego.
Si lo ponemos en contexto, lo que pasó en Reynosa es parte de una disputa mucho más grande. Porque mientras la presidenta de México lanza su plan para que Pemex sea autosuficiente en 2027, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está en plena campaña (recordemos que en Noviembre tienen elecciones), exigiendo que México siga comprando gasolina refinada en Texas. Y no es una figura retórica. Trump ya dejó claro en su discurso del 2 de agosto en Des Moines, Iowa, que “México debería pagar las consecuencias si deja de comprar combustible estadounidense”. Palabras textuales. Incluso deslizó la posibilidad de restablecer aranceles a las importaciones mexicanas si las exportaciones de energía desde EE.UU. se ven afectadas.
Ahora sumen todo esto: un operativo que decomisa casi dos millones de litros de huachicol, una ejecución con granada de un delegado federal en la zona donde se hizo el decomiso, y un anuncio simultáneo de un plan para rescatar Pemex que busca cortar vínculos energéticos con Estados Unidos. No estamos diciendo que Trump tenga relación con lo que pasó en Tamaulipas. Pero sí estamos viendo cómo una misma decisión económica, tomada desde el poder civil, genera respuestas violentas desde múltiples frentes. Una desde el crimen organizado. Otra desde la presión política internacional.
Nadie en México quiere hablar de esto, pero la zona donde asesinaron al delegado —el Fraccionamiento Las Quintas en Reynosa— no es tierra de nadie. Está a minutos de instalaciones estratégicas de Pemex. A menos de 10 kilómetros de la planta de distribución de combustibles de Petróleos Mexicanos en la ciudad. Una planta que ha sido señalada en múltiples reportes del SAT y la ASF por desvíos de combustible desde hace al menos seis años. Y que ha sido usada, según informes del propio Ejército en 2022, como punto de triangulación de gasolina robada mezclada con producto legal. ¿Qué nos dice esto? Que quien controla Reynosa, controla una parte clave del flujo energético ilegal del país.
Ahora bien, el nuevo plan de Pemex, presentado el mismo lunes 5 de agosto por la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo energético, no es solo un rescate financiero. Es una declaración de soberanía. Se establece una meta de producción de 1.8 millones de barriles diarios para 2027. Se destina un fondo de inversión por 250 mil millones de pesos en un periodo de diez años. Y se plantea reducir la deuda de Pemex —que hoy supera los 107 mil millones de dólares— en más de un 35% en los próximos cinco años. Pero sobre todo, se anuncia una reducción progresiva en la compra de combustibles refinados a Estados Unidos, que hoy representan más del 60% de nuestra gasolina. Eso es lo que está en juego. No solo un plan financiero, sino el rompimiento con una relación de dependencia energética que ha beneficiado a empresas texanas por décadas.
Y justo cuando eso se anuncia, justo cuando se plantea que México deje de importar gasolina, aparece el mensaje: una granada contra el funcionario que combatía el robo de petróleo en la frontera. Lo que nos lleva a una pregunta que ya no podemos evitar: ¿quién está dispuesto a perder ese negocio? ¿Quién se beneficia si Pemex fracasa? ¿Y quiénes están tan desesperados que ya no matan por droga, sino por petróleo?
En los últimos 10 años, el crimen organizado mexicano pasó de ser narco a convertirse en operador logístico de energía robada. De hecho, según la Secretaría de Energía, el huachicol representa pérdidas anuales de más de 15 mil millones de pesos, y más del 40% de ese producto termina cruzando la frontera de manera ilegal. ¿Cómo es posible? Porque hay rutas, hay socios, hay operadores que trabajan de lado y lado. Y cuando eso se interrumpe, como ocurrió con el operativo de Reynosa, las estructuras se defienden. Con todo.
Y en medio de eso, Trump lanza advertencias desde sus mítines, presiona con tarifas, y plantea que México le está “dando la espalda a sus aliados energéticos”. Lo que en realidad quiere decir es que Estados Unidos no quiere perder a su cliente más grande en gasolina refinada. Porque sin México, muchas de sus refinerías bajan ingresos. Y en año electoral, eso no le sirve al presidente. Por eso insiste en que “México debe pagar si rompe el acuerdo energético”. No hay declaraciones diplomáticas. Hay amenazas.
Pero más allá de lo que dice Trump o lo que hacen los cárteles, lo que tenemos que decidir es si vamos a aguantar el golpe o si vamos a recular. Porque el asesinato del delegado de la FGR no fue solo una pérdida humana. Fue una prueba. Una línea cruzada. Y lo que el gobierno haga —o no haga— en respuesta, va a marcar el rumbo de todo el plan de rescate.
Si Harfuch entra con fuerza, si se cierra el paso al huachicol en Reynosa, si se blinda la red energética en zonas clave, entonces el mensaje será claro: no se negocia con el crimen ni con la presión extranjera. Pero si todo queda en discursos y homenajes, si el Estado no responde con contundencia, entonces el crimen va a leer el silencio como una invitación a seguir.
Lo decía Mario Vargas Llosa: “Cuando el poder se arrodilla frente al miedo, deja de ser poder y se convierte en rehén”. Y hoy, después del asesinato en Reynosa, la pregunta es si México va a ser rehén del crimen y la presión, o si va a recuperar el control de su energía, su seguridad y su dignidad.
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