¿Puede una fiscal federal textear secretos del gran jurado como si fueran memes? ¿Qué pasa cuando el presidente pone a dedo a quienes deben investigarlo? Y lo peor: ¿por qué nadie está deteniendo este circo?
Donald Trump exige 230 millones de dólares del Estado porque, según él, lo hicieron pasar un “mal rato”. Mientras tanto, sus fiscales elegidos a dedo filtran deliberaciones confidenciales por apps cifradas, ignoran los límites legales de su cargo… y creen que con un mensaje “off the record” pueden borrar sus delitos. Lo están haciendo en tu cara, sin pudor, sin consecuencias.
Si esto fuera una serie distópica, te reirías del guion. Pero no lo es. Es el colapso institucional en tiempo real. Y lo peor: puede anular juicios claves, como los de James Comey o Letitia James. Te contamos por qué este escándalo legal es mucho más que una torpeza: es una estrategia sistemática para destruir lo poco que queda del Estado de derecho.
Un gobierno de fiscales improvisados
En Estados Unidos, ser fiscal federal solía implicar experiencia, mérito y confirmación del Senado. Ya no. Ahora basta con ser leal a Trump, hacer piruetas y “darle la patita”, aunque no sepas leer la ley. Así llegó Lindsey Halligan al cargo: sin trayectoria, sin confirmación legal, pero con un mandato claro del presidente —lanzar venganzas políticas.
Y lo hizo. Se pasó más de 33 horas texteando con una periodista sobre un caso activo. Usó Signal, creyendo que el cifrado la protegería. Reveló información confidencial sobre el gran jurado, sin saber (o sin importarle) que eso está prohibido por la Regla 6 del Código Penal Federal. Y lo más grotesco: cuando la nota salió publicada, quiso declarar retroactivamente que todo era “off the record”. Absurdo legal de manual.
Casos en riesgo de colapsar
Los jueces en Virginia y Nueva Jersey ya levantaron la ceja: Halligan y su colega Alina Java no cumplen los requisitos legales para sus cargos. Sus antecesores ya agotaron los 120 días que la ley permite para fiscales interinos sin confirmación del Senado. Así que, si la corte da la razón a Jim Comey —quien ya impugnó formalmente el nombramiento—, su caso y el de Letitia James podrían anularse de inmediato.
Estamos hablando de dos pilares de la maquinaria de revancha de Trump. Si se caen esos casos, se cae toda la narrativa de “enemigos del Estado”. Y todo por poner fiscales sin experiencia que no saben ni lo básico del código penal. Hasta para ser burro hay que saber rebuznar, y aquí ni eso.
Censura, chantaje y propaganda judicial
Halligan no escribió a la periodista para corregir un error legal. La contactó porque no le gustó el enfoque. No aportó ningún argumento jurídico. Solo exigió que se cambiara una nota porque “no era lo que ella creía”. Y eso es lo más grave: la fiscal actúa como editora de revistas de moda, no como defensora de la ley.
Este es el patrón. Si no controlan la narrativa, presionan. Si no logran callar a la prensa, usan la justicia como garrote. Exactamente lo que Trump hizo antes pagando al National Enquirer para silenciar historias. Ahora lo hace desde el poder, con fiscales de utilería y amenazas disfrazadas de procesos legales.
Un sistema que se pudre desde adentro
Nada de esto es accidental. Es una estrategia para blindar al presidente y castigar a quien lo cuestione. Si normalizamos que fiscales filtren ilegalmente datos protegidos, que texteen a periodistas como si fuera WhatsApp, y que todo eso quede impune… entonces ya no hablamos de justicia. Hablamos de propaganda.
Y el Departamento de Justicia guarda silencio. No hay investigaciones. No hay sanciones. No hay nada. Solo cheques multimillonarios para Trump, mientras destruye la institucionalidad desde dentro. Porque esto, amigos, ya no es un error aislado. Es un patrón. Y si no lo frenamos, mañana van por cualquiera que alce la voz.
👉 Mira el video completo aquí
