¿Autogolpe institucional?
Donald Trump acaba de hacer algo que ni los dictadores más descarados se atrevieron a hacer: ordenó que el Departamento de Justicia le pague 230 millones de dólares del dinero público. Sí, un cheque a su nombre, sin juicio, sin tribunal y sin vergüenza.
El presidente de Estados Unidos llenó un formulario oficial —el Standard Form 95, el mismo que usan los ciudadanos comunes cuando sufren daños por negligencia del gobierno— para reclamar compensación por haber sido “investigado injustamente”. Lo increíble es que él mismo manda sobre la oficina que decidirá si se lo pagan.
Y adivina quién está a cargo de aprobar ese pago: su exabogado y ahora funcionario del propio Departamento de Justicia, Tod Blanch. Así que ya sabes cómo terminará la historia.
El presidente que se paga a sí mismo
Trump alega que fue “víctima” de una persecución y que sus derechos fueron violados por haber sido investigado por delitos cometidos a plena vista de todos. Pero no sufrió ningún daño físico ni económico real. Solo fue investigado, como cualquier ciudadano.
Aun así, quiere cobrar casi un cuarto de billón de dólares, y quien debe decidir si se le entrega ese dinero es un subordinado directo que puede ser despedido en cualquier momento.
Y lo más grave: el funcionario de ética que debía supervisar estos conflictos fue despedido por la fiscal Pan Bondi, justo cuando Trump regresó al poder. Hoy no hay nadie independiente dentro del Departamento de Justicia. Nadie que pueda decir “no”.
Lo que estamos viendo tiene nombre: autogolpe institucionalizado.
Corrupción a cielo abierto
Esta no es la primera vez que Trump usa el poder para llenarse los bolsillos. Según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, intentó facturar más de mil millones de dólares al erario para “modernizar” un avión privado que terminaría en manos de sus socios cataríes. También destinó 250 millones de dólares del presupuesto público para construir un salón de eventos personales dentro de una de sus propiedades.
Además, compró dos jets Gulfstream por 172 millones de dólares a través de empresas vinculadas a su colaboradora Christine. Todo mientras recortaba subsidios médicos y dejaba a 24 millones de estadounidenses sin cobertura de salud.
No se trata de errores administrativos. Es un saqueo sistemático, una corrupción de Estado legalizada por decreto.
La Casa Blanca convertida en botín
Trump ha convertido el símbolo más importante del poder estadounidense en una obra privada. Bulldozers demoliendo partes históricas de la Casa Blanca, sin licitación, sin permisos, sin respeto por el patrimonio nacional. Lo hace a plena luz del día, con cámaras grabando, para demostrar que puede destruir la historia sin que nadie lo detenga.
Los republicanos guardan silencio. Ya no son cómplices por omisión: son parte del plan. Callan mientras el presidente destruye los cimientos del país.
Un país sin frenos
El mayor problema no es solo el dinero. Es que no hay herramientas legales para detenerlo.
En teoría, cualquier ciudadano estadounidense podría demandar al presidente por usar fondos públicos para beneficio personal. Pero en la práctica, nadie tiene el standing legal: la figura que permite demostrar un daño directo y personal.
Así que aunque los 330 millones de estadounidenses están siendo robados, ninguno puede demandarlo legalmente. No existe precedente, ni figura jurídica, ni fiscal independiente. Trump lo sabe. Por eso lo hace.
La corrupción ya es política de Estado
Trump eliminó oficinas de ética, desplazó inspectores generales, removió jueces incómodos y controla cada agencia federal con leales personales.
Ahora planea crear un “departamento de auditoría independiente”… que solo responderá a él. Si se aprueba, ya no habrá forma de fiscalizar ni un dólar del presupuesto.
Esto ya no es un escándalo político. Es un modelo de gobierno autoritario que legaliza el saqueo y convierte la corrupción en norma.
Si logra cobrar esos 230 millones, el siguiente paso será exigir inmunidad económica retroactiva, o peor: apropiarse directamente de agencias completas del Estado.
Cuando el ladrón se firma el cheque
Mientras millones de familias estadounidenses luchan para pagar su seguro médico o llenar su despensa, el presidente se escribe un cheque con dinero público y se lo deposita a sí mismo.
Y todo ocurre con la complicidad de su propio partido, sin tribunales que lo detengan, sin prensa que lo frene y sin ciudadanos con poder legal para impedirlo.
Esto no es política. Es un saqueo institucional.
Y si se normaliza, el próximo presidente autoritario ya no tendrá que romper nada: el camino estará pavimentado.
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